Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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sábado, 1 de octubre de 2016

Opinión "Terminemos con la discriminación de género desde la raíz"



Hace algunas semanas Marina Ascencio, una niña de 11 años, manifestaba en una carta que envió al rector del Instituto Nacional y a la Presidenta de la República “quiero acceder al Instituto Nacional y encuentro injusto que solamente los hombres puedan dar la prueba y entrar en él”[1]. Las palabras de Marina expresan un sentir que se ha instalado poco a poco en la sociedad chilena, deseos de mayor igualdad en relación al trato con respecto de hombres y mujeres.

La educación en nuestro país replica la visión patriarcal y discriminatoria que se tiene con respecto a las mujeres. La vestimenta, los tipos de juegos, los colores de las prendas de vestir, los roles en la sociedad reproducen patrones de conducta y estereotipos que coartan la libertad de las mujeres para autodeterminar su propio proyecto de vida.

El Estado de Chile, a lo largo de su historia, ha replicado este tipo de conductas, tal es así que en 1813 crea el Instituto Nacional como primer liceo masculino. Tuvieron que pasar 79 años para la creación del primer liceo de niñas, el Liceo Fiscal Carlos Waddington (1892)[2]. Como si fuera poco, en el siglo XIX existía una diferencia de trato con respecto a la orientación educativa, en el Instituto Nacional se educaba jovenes para formar “hombres para la Republica” y en los liceos femeninos se les educaba a las niñas y adolescentes para ser buenas madres y dueñas de casa. Esta lógica de exclusión de la educación hacia las mujeres se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX.

La inclusión de las mujeres a la vida en sociedad; la vida política y en especial a la educación fue y sigue siendo una necesidad democrática. Sin embargo, aún existen varias barreras a las mujeres para desarrollarse con plenitud en la educación. Ejemplo de esto son la criminalización y la falta de apoyo a las secundarias que quedan embarazadas (en algunos casos son incluso expulsadas por su condición de gravidez), la carencia de apoyos para las estudiantes universitarias que son madres y prácticamente inexistencia de educación sexual como un aspecto esencial de la vida de todo ser humano.

Varios son los argumentos para acabar con la educación diferenciadas por sexos; Jorge Manzi de Mide UC señala "ha habido una tendencia internacional a la integración de niños y niñas en el aula, donde la socialización de género se da en un contexto más natural. La segregación no contribuye a las habilidades sociales"[3]. Manuel Sepúlveda, investigador de política educativa de Educación 2020, quien asegura que "si uno trata de poner en un primer lugar los objetivos que busca la educación, que habla de integración, lo que­­ uno busca es que la sala de clases hable de la realidad de un país y eso pasa por distintos tipos de cultura, sexo y nivel socioeconómico. Y los colegios mixtos avanzan en esa dirección"[4].

Si se sigue manteniendo esta lógica de discriminación, el Estado de Chile incurre en la violación de su artículo 1°, en el sentido de que la promoción de la educación diferenciada no estaría cumpliendo con el valor jurídico de la igualdad, el cual irradia todo el ordenamiento jurídico. De la misma forma, la mantención de este tipo de educación sería patentemente inconstitucional en el sentido de que viola el artículo 19 N°2 que prescribe que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley” y atentaría contra el inciso segundo del artículo mencionado anteriormente por el hecho de que la educación dividida por género está justificada en “diferencias arbitrarias”, valoraciones que sólo se justifican en estereotipos, sobre la idea de que hombres y mujeres no pueden desarrollar su vida educacional y afectivo sexual en un mismo establecimiento educacional.

El Estado tampoco estaría cumpliendo con sus compromisos internacionales, específicamente con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará). Normativas de derecho internacional que obligan al Estado a erradicar la discriminación de género. El artículo 6° de la Convención de Belem Do Pará en su letra b) establece “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Por lo que este tipo de educación estaría violando los derechos humanos de las mujeres que estudian en estos colegios.

Considero que la igualdad de trato y de acceso de la niñas, adolescentes y mujeres al desarrollo de la educación, es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas. El Estado de Chile debe cumplir con el valor jurídico de la igualdad en cada una de las actividades que desarrolla y sobre todo adoptar medidas que tengan por objetivo igualar la situación de las mujeres con respecto a los hombres.


Jorge López Vega. 

Publicado el 01 de octubre de 2016.







[1] Diario La Tercera, Edición del Domingo 18 de septiembre de 2016, p. 4.
[2] Ibíd., p. 2.
[4] Ibíd. 

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