Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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miércoles, 12 de octubre de 2016

Opinión " Los adultos mayores y su derecho a ser auxiliados"

                                             
El año 2014, el 15% de la población total correspondía a personas de “tercera edad” o “adultos mayores”, lo que para la cantidad de habitantes de la época era aproximadamente 2.687.637 de personas. Como Chile es un país cuya pirámide etérea es más ancha en los centros y más angosta hacia los extremos (es decir que en nuestro país prevalece la población adulta), según la proyección de un estudio realizado por INE-CELADE, para el año 2020 esta cantidad habrá ascendido a los 3.264.841 de personas. [1]

En el contexto de una sociedad que avanza sin mirar atrás y donde el individualismo se posiciona cada vez con más fuerza, no es nuevo escuchar, leer o ver en televisión algún reportaje relacionada con algún hombre o mujer de la tercera edad que ha sido encontrado en condiciones deplorables, desaseados, desnutridos, desorientados, en el más completo abandono, o simplemente sin vida. 

Es entonces, cuando un ser humano se encuentra desposeído de todos sus derechos, salud, integridad física, mental, incluso la alimentación, que comenzamos a cuestionarnos cuál es el real sentido y alcance de la Dignidad Humana. Dentro de la concepción de Jesús González Pérez, es “una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por más baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos” [2]

En este sentido es importante establecer cuándo se transgrede la Dignidad Humana del adulto mayor, dando origen a un abuso. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato de las personas mayores como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”[3]


Esta definición de la OMS permite percibir que el abuso o violencia se puede perpetrar de dos formas. La primera de ellas, y la más simple, es a través de una acción que rompa la esfera de resguardo de la persona, puede ser una agresión física o psicológica, incluyendo las agresiones sexuales, verbales y los golpes, es decir, todo aquello que implique una acción positiva que deje en pasión de vulnerabilidad o exposición al adulto mayor. En consecuencia, se requiere de un victimario, figura que generalmente recae sobre aquel que tiene el deber de cuidado del adulto mayor. 


La segunda de ellas se desprende de la oración, “o la falta de medidas apropiadas para evitarlo”. En este sentido se puede establecer que el abuso hacia adultos mayores también puede ser causado por la omisión de quienes se encuentran como guardadores de su esfera de protección. 


En esta perspectiva se identifican dos posibles agresores. El primero de ellos es el Estado, el que, sin perpetrar acción positiva contra un adulto mayor, quiebra su esfera de protección al no ir adecuando ni implementando las políticas públicas de forma idónea. En otras palabras, si bien no les aparta expresamente su Dignidad Humana, como señala la definición acuñada por González, los deja morir en las peores condiciones pensadas para una persona. Situación que comprende la violación del derecho fundamental a una muerte digna, y el derecho a la integridad física y psicológica, que nuestra Constitución asegura a todas las personas. 


Por otro lado, y más críticamente, son los hijos quienes toman el papel de agresores. Transgrediendo de esta forma el principio del Derecho de Familia del deber de cuidado que nace de una relación de filiación, tanto de los padres para con los hijos, como de los hijos para con los padres. En este último escenario, el principio se encuentra consagrado en el artículo 223 del Código Civil, que señala básicamente la obligación que tienen los hijos, aún emancipados, de auxiliar y prestar el socorro que necesitaren a sus padres, independiente de las circunstancias de la vida en que se encuentren. La misma norma menciona la ancianidad y demencia como posibles escenarios en que los padres pueden requerir el cuidado de sus hijos. 

No obstante ¿Cómo estos padres, adultos mayores, pueden hacer valer este derecho de cuidado? No existe realmente un mecanismo que permita al adulto mayor defenderse, o exigir el auxilio de sus descendientes, que por ley le corresponde. Es cierto que existe la institucionalidad administrativa correspondiente (SENAMA), no obstante el artículo 223 del Código Civil y el ejercicio del derecho que contiene, descansan programáticamente, en la espera de que algún vecino, de buena voluntad, se aburra de ir a dejar comida, o de escuchar los gritos de miedo y desesperación provocados por la soledad y el abandono, o se aburra de ver la entrada del domicilio de un vecino de tercera edad llena de artefactos inútiles, reunidos sin tener un uso determinado. O hasta que simplemente los vecinos dejen de ver por varios días al “abuelito de al lado” y sientan preocupación por éste, donde muchas veces ya es demasiado tarde. 





Carolina Sandoval Pacheco. 

Publicado el 12 de Octubre de 2016.








[2] González Pérez, J. La dignidad de la persona. Ed. Civitas. Madrid, 1986. p. 25
[3] Extraído de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/ Recuperado el 19-10-16. 

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