Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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domingo, 14 de agosto de 2016

Jurisprudencia destacada: México

TESIS JURISPRUDENCIAL 107/2012 (10ª).
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA
NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.


El Principio Favor Persona consiste realizar el proceso interpretativo de la norma de tal forma que ésta pueda ser aplicada de la forma más eficaz posible en relación con la optimización del ejercicio de los Derechos Fundamentales.

El ordenamiento jurídico constitucional de México, particularmente aquellas materias referidas a los Derechos fundamentales, según el artículo primero de la Constitución del mismo país, tiene dos fuentes:

1) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

2) Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Siguiendo esta línea, cuando se señala el término “Normas Supremas”, la idea que está detrás es la penetración que dichas normas deben hacer en el ordenamiento jurídico de un Estado, inundándolo por completo.

Si existiera un Derecho Fundamental regulado en las dos fuentes señaladas, primará la regulación de aquella fuente que favorezca de mejor forma a la persona, siguiendo lo señalado en el inciso segundo del artículo primero de la Constitución mexicana. La misma lógica se aplica en el caso que ambas fuentes regulen de forma diferente el mismo derecho, ya sea que garantice un goce más amplio por su mayor protección o menor restricción.


Por lo tanto, lo que la Tesis Jurisprudencial 107/2012 (10ª) señala, en otras palabras es que en virtud del artículo primero de la Constitución mexicana, el catálogo de Derechos Fundamentales no puede quedar reducido o restringido a lo que señala el texto constitucional, sino que además debe estar compuesto por los derechos contenidos en los Tratados Internacionales ratificados por Los Estados Unidos Mexicanos, teniendo siempre en consideración interpretación en base al Principio pro - persona. 


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