Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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lunes, 25 de julio de 2016

Jurisprudencia Internacional: Guatemala

Con fecha 5 de julio del presente año, la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala se pronunció sobre la acción constitucional de amparo sobre la omisión del derecho a la educación bilingüe intercultural y multicultural de los niños maya k’iche’s. En este fallo, la corte reafirma los elementos y contenidos del derecho a la educación. Así se puede apreciar en el título VI que indica que, ‘’en el acervo jurisprudencial de esta Corte, es perceptible su consistente y contundente postura acerca de la educación como derecho fundamental intrínseca y decisivamente vinculado a la consecución del bien común y al desarrollo integral de las personas; objetivos cardinales de la acción estatal, fijados en la matriz axiológica del orden constitucional guatemalteco que se encuentra normativamente positivada en el Capítulo único del Título I de la Constitución Política de la República de Guatemala [La persona humana, fines y deberes del Estado], inspirada, a su vez, por las líneas maestras esbozadas por el constituyente originario en el preámbulo de la Carta Magna. En congruencia con la idea anotada en el párrafo que precede, se ha afirmado en casos anteriores que en el Estado moderno los problemas jurídicos de la educación son esencialmente constitucionales y se les vincula en forma directa con la posibilidad de lograr un equilibrio entre el derecho ciudadano a la educación y la capacidad y obligación del Estado a proporcionarla, conducirla y orientarla. La regulación constitucional sitúa a la educación dentro de los derechos sociales, orientados al bien común. Constituye un derecho esencial y, correlativamente, uno de los servicios vitales que presta el Estado, por cuanto su calificada y eficaz implementación: i. es factor determinante para el progreso social y económico del país, así como de la superación de la ciencia y de la técnica; ii. influye directamente sobre la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano de la ciudadanía en general; iii. constituye condición ineludible del bienestar individual y colectivo de la población y contribuye de modo notable, no solo a la prosperidad material, sino al crecimiento intelectual y emocional de las personas y iv. opera como valioso catalizador de la realización de otros derechos fundamentales, como el de trabajo y el de igualdad –al abonar a la igualdad de oportunidades–. Como colofón, un pueblo educado está mejor preparado para conocer, cumplir y velar por la observancia del Derecho como principio ordenador de la convivencia social’’. 

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