Seminario Régimen de Gobierno para un Chile del siglo XXI

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domingo, 7 de agosto de 2016


De los juegos políticos a la pérdida de inocencia.

Por Pamela Castillo Venegas



La interpelación realizada este martes a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se enfocó principalmente en la situación mediática en la que actualmente se encuentra el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sobre las desmesuradas pensiones de funcionarios de Gendarmería. 
Analizando la primera problemática, llama la atención como los derechos fundamentales de los menores son utilizados dentro de un juego político, que además de ser un teatro, en el cual surgen lágrimas y un repentino sentimiento de fraternidad, es incapaz de colocar en la palestra una solución rápida y eficaz para erradicar de raíz esta constante vulneración de los derechos de los niños y niñas que hoy se encuentran en el SENAME. 

El informe de la UNICEF titulado “La situación de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado en América Latina y el Caribe” da a relucir que los menores internados están expuestos a una constante vulneración de derechos, por lo que esta medida solo debe tomarse en casos extremos, ya que la mejor solución para el menor es el fortalecimiento de la familia. A dos años y medio de la publicación de este informe, en el cual se recomienda al estado a establecer políticas para la desinstitucionalización de estos centros de protección, nos encontramos en el SENAME, con altas tasas de niños que atentan contra sus vidas, suicidios, depresión, violaciones, hacinamientos de niños, y una interpelación realizada a la ministra de justicia. ¿Dónde quedan las políticas de protección y de solución para mejorar las condiciones de vida de estos menores? ¿En una acusación constitucional? Pues no, el retiro de un ministro y el ingreso de otro no repara el sufrimiento de familias y niños que han quedado marcados permanentemente por las negligencias del Estado, ni tampoco previene ni protege a los niños que tendrán que ser integrados a este sistema. La responsabilidad es conjunta de todos los órganos del Estado, debido a que ninguno de ellos tomo las iniciativas necesarias para finalizar esta situación, a pesar de haber ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1990.

Los menores deben ser protegidos por el Estado, sin embargo, según el informe mencionado anteriormente, de las 332 instituciones en Chile encargadas de acoger a estos niños y niñas, 322 residencias pertenecen a organismos colaboradores. Es decir, el Estado está poniendo en manos de privados el cuidado de los derechos fundamentales de estos pequeños, siendo que es él el responsable de fortalecer los servicios y garantizar los derechos de estos menores. 

El trato que se ha tenido con estos niños no ha estado a la altura de su dignidad, miles han perdido su infancia y su inocencia, en los peores de los casos, su vida, esperando que el Estado se haga responsable de aquellas negligencias que se deberían haber mejorado con el transcurso del tiempo. A pesar de la urgencia con la cual se debe atender esta problemática, pareciera que es mucho más importante, en nuestro país, tomar atención a lo que a cada uno le afecta particularmente, como en el caso de los políticos que utilizan este tema a su propia conveniencia, en vez de crear políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de estos pequeños y de sus familias.

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